El Comunicado Oficial 014-26 del Perú anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, fundamentada en tres ejes: la represión de manifestaciones pacíficas, las restricciones a la prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la persecución de opositores políticos (denunciadas por mecanismos de Naciones Unidas); la disrupción de la navegación por el estrecho de Ormuz desde marzo de 2026, que vulnera el derecho de paso en tránsito reconocido por el derecho consuetudinario del mar y afecta los precios de la energía y las cadenas de suministro globales; y la obstrucción a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Washington elogia a Perú por romper relaciones con Irán

Lo más relevante desde el punto de vista jurídico es el andamiaje que sostiene la decisión. Perú invoca el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que obliga al Estado receptor a proteger los locales, bienes y archivos de la misión que se retira, y permite encomendar su custodia -y la protección de los nacionales- a un tercer Estado aceptable para ambas partes. Inteligentemente, Perú hace una distinción expresa entre relaciones diplomáticas y consulares. Invocando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y su artículo 5, aclara que la ruptura de las relaciones diplomáticas no afecta las consulares, por lo que sus connacionales en Irán no quedarán desprotegidos.

Un paso desaconsejable

Sin embargo, cabe una reflexión crítica: romper relaciones diplomáticas es, en general, un paso desaconsejable, pues es justamente cuando las relaciones se tensan que más se necesitan los canales diplomáticos para resolver controversias. Resulta paradójico mantener diplomáticos sobre el terreno en tiempos normales y retirarlos cuando más falta hacen. Por ello, suelen preferirse medidas intermedias (retiro del embajador, llamada a consultas, reducción de personal) que permiten expresar malestar sin cerrar la embajada ni interrumpir la negociación. Quizás el gobierno peruano podría haber acudido a ellas.